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Los sindicatos de la Policía Nacional aceptan que se abra una pesquisa sobre el desalojo de Maricarmen —una mujer de 87 años con discapacidad— en el barrio del Retiro de Madrid, pero exigen que la investigación sea completa y garantista. La polémica, alimentada por fragmentos de vídeo difundidos en redes, plantea hoy dudas no solo sobre la actuación de los agentes sino sobre quién asume la responsabilidad institucional.
Las organizaciones policiales insisten en que los efectivos acudieron a ejecutar una resolución judicial y piden que no se valore su trabajo a partir de segundos de grabación. Reclaman que la pesquisa incluya todas las órdenes recibidas, las grabaciones integrales y las declaraciones de los agentes presentes.
Demandas clave de los sindicatos
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Por un lado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol subrayan la necesidad de una averiguación «con todas las garantías», que proteja tanto el derecho de la persona desahuciada como la presunción de inocencia de los policías. Entre sus peticiones destacan:
- Acceso a las grabaciones completas del dispositivo, no solo a fragmentos tomados de forma aislada.
- Registro de las órdenes judiciales y de mando que se impartieron antes y durante el desalojo.
- Declaraciones formales de los agentes implicados y análisis del contexto operativo.
- Asistencia jurídica por parte de los servicios del sindicato a los funcionarios que participaron en la actuación.
Los representantes sindicales admiten que las imágenes pueden resultar duras para la opinión pública y reconocen la legitimidad de abrir una investigación, pero advierten de que juzgar la intervención sin conocer el conjunto de hechos sería injusto y parcial.
Contexto y precedentes
Fuentes sindicales recuerdan que los dispositivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ya han sido objeto de controversia en otras ocasiones, por ejemplo en operativos en Ceuta durante entradas masivas de migrantes o en actuaciones relacionadas con concentraciones ante instituciones. Esa experiencia, según los sindicatos, exige un examen riguroso de los protocolos y de las órdenes recibidas en cada caso.
Desde el Ministerio del Interior se apuntó, en el momento del desahucio, que existen protocolos internos para investigar posibles irregularidades. Sin embargo, los sindicatos critican que la Delegación del Gobierno en Madrid haya cambiado de discurso: primero vinculó la actuación de la Policía a la comisión judicial encargada del lanzamiento y después anunció una investigación tras reconocer la existencia de imágenes que generaron rechazo.
Acusaciones sobre responsabilidad política
Jupol ha acusado al Ejecutivo de intentar desvincularse de la responsabilidad política del operativo. Según este sindicato, algunos responsables buscan señalar a los agentes cuando surgen polémicas mediáticas, pese a que la organización y la supervisión política del dispositivo corresponden, en última instancia, al delegado del Gobierno.
Por ese motivo exigen que cualquier pesquisa no se limite a imágenes aparentemente incriminatorias, sino que valore el dispositivo en su conjunto: órdenes, presión del entorno, decisiones de la comisión judicial y circunstancias que motivaron cada intervención.
La disputa eleva el debate sobre transparencia y rendición de cuentas: mientras activistas y la Plataforma de Inquilinas denuncian el uso de espray o agresiones que habrían dejado marcas, las centrales policiales piden garantías legales para los agentes y un análisis exhaustivo antes de adoptar conclusiones definitivas.
El resultado de la investigación marcará no solo el futuro procesal de los implicados sino también la forma en que las administraciones afrontan el equilibrio entre cumplimiento judicial y protección de personas vulnerables en desalojos.
