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Sumar ha planteado este sábado, 26 de septiembre, un bloqueo claro a cualquier iniciativa del Ejecutivo que pretenda devolver a Marruecos a migrantes llegados a Ceuta en julio antes de que sus solicitudes de protección internacional se resuelvan de forma definitiva. La advertencia añade tensión a la negociación interna del Gobierno y sitúa el respeto a las garantías procesales en el centro del debate.
El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, aseguró que su grupo no respaldará disposiciones que permitan expulsar a quienes ya han presentado solicitud de asilo mientras los tribunales no hayan dictado resolución final.
Reacción frente a un posible decreto
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Santiago reclamó transparencia: dijo no haber recibido información detallada por parte del PSOE sobre el borrador que, según informaciones periodísticas, el Gobierno estaría preparando para acelerar las devoluciones. Subrayó que, aun tratándose de un decreto-ley, su validez pasa por la convalidación del Congreso y que Sumar no apoyará medidas contrarias a los principios básicos de protección.
En sus palabras públicas, el dirigente parlamentario insistió en que lo publicado —en su opinión— colisiona con la Convención de Ginebra de 1951 y con las obligaciones internacionales de España en materia de refugio.
Plazos, protección y menores
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rigo, admitió que existen trabajos en marcha sobre los plazos administrativos, pero recordó que cualquier norma debe compatibilizarse con la legislación actual que protege a las personas solicitantes de asilo y, en especial, a la infancia migrante.
Rigo defendió una salida que combine una respuesta humanitaria con el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, y aseguró que su cartera velará para que el derecho de asilo se mantenga vigente en el proceso.
Qué está en juego
- Legitimidad jurídica: cualquier reforma acelerada de devoluciones debe respetar obligaciones internacionales, según advierten fuentes jurídicas y políticas.
- Control fronterizo vs. garantías: el Gobierno busca herramientas para gestionar llegadas masivas, pero enfrenta límites legales sobre expulsiones.
- Impacto político: la controversia genera fricción entre los socios de la coalición y condiciona la convalidación parlamentaria de posibles medidas.
- Protección de menores: la protección especial a la infancia complica cualquier procedimiento que suponga retorno inmediato sin evaluación adecuada.
- Revisión judicial: las solicitudes de protección mantienen derechos procesales hasta que los tribunales se pronuncien.
La disputa entre Sumar y el PSOE muestra que la política migratoria seguirá siendo un terreno de negociación tensa: cualquier cambio impulsado desde el Ejecutivo tendrá que conciliar la necesidad de ordenar fronteras con las obligaciones internacionales y el control parlamentario.
