El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con discapacidad, ha vuelto a tensar la relación entre sindicatos policiales y la Delegación del Gobierno en Madrid, tras las críticas cruzadas sobre el uso de la fuerza en el operativo. La disputa abre un debate inmediato sobre quién decide las tácticas en los dispositivos de orden público y cómo se rinde cuentas cuando hay imágenes polémicas.
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, difundió un vídeo en el que su portavoz, Ibón Domínguez, acusa al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de falta de coherencia y de intentar desviar la atención pública. Según Domínguez, el responsable regional de la seguridad tiene la última palabra en la coordinación de los operativos y no puede desligarse de la actuación de las unidades sobre el terreno.
El operativo que motivó la controversia fue ejecutado por las Unidades de Intervención Policial (UIP) para llevar a cabo un lanzamiento ordenado por la autoridad judicial en el barrio del Retiro. Desde Jupol sostienen que la misma Delegación que inicialmente defendió que la Policía actuó en cumplimiento de la comisión judicial ha cambiado su discurso y ha anunciado una investigación dos días después, tras la difusión de imágenes que el delegado consideró preocupantes.
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Domínguez también vinculó la actuación reciente con decisiones previas del delegado que, a su juicio, muestran criterios dispares: «En unos casos se exige contundencia; en otros, se ordena inacción», vino a decir en el material publicado por el sindicato, que además recordó episodios anteriores en los que la gestión del delegado suscitó polémica pública, como la intervención en Ferraz y un incidente que derivó en la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España 2025.
Desde otro sindicato, el SUP, admitieron la gravedad de las imágenes y mostraron apoyo a una investigación, pero pidieron garantías procesales para los agentes: reclaman que se analicen las grabaciones completas, que se escuche a los policías presentes y que se tenga en cuenta el marco de órdenes recibidas y las condiciones reales del dispositivo antes de emitir conclusiones.
- Hechos: Desahucio de una inquilina de 87 años en el Retiro ejecutado por la UIP bajo mandato judicial.
- Reacción inicial: La Delegación del Gobierno explicó que la actuación respondía a una comisión judicial.
- Giro posterior: El delegado anunció una investigación tras la difusión de imágenes consideradas problemáticas.
- Demandas sindicales: Jupol exige coherencia y responsabilización política; el SUP pide revisión íntegra de pruebas y comparecencias de agentes.
Más allá del conflicto entre fuerzas y Administración, la controversia tiene implicaciones prácticas: plantea dudas sobre la transparencia en los operativos, el control civil de la policía y el efecto sobre la confianza ciudadana en las instituciones que regulan el orden público. La rapidez en aclarar los hechos y la publicación de todas las grabaciones serán claves parafrentar ese vacío de confianza.
Fuentes consultadas en la Delegación insisten en que la investigación interna buscará determinar si hubo exceso en el uso de la fuerza. Por ahora, el proceso no ha concluido y las conclusiones oficiales marcarán el siguiente capítulo del enfrentamiento entre sindicatos y la representación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
